La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, expresó que su despacho dedica una gran cantidad de recursos para acabar con las llamadas empresas de papel. Foto Colprensa

En lo que va corrido del año, la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) ha ordenado la cancelación de la habilitación de 60 empresas que operaban en la modalidad de carga de manera ilegal.

Adicionalmente, se informó mediante un comunicado que la entidad se encuentra estudiando enuncias sobre ilegalidad en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, y siguiendo los lineamientos del Gobierno, está realizando visitas de verificación.

El objetivo es establecer cuáles empresas han cesado injustificadamente sus actividades, o se encuentran en causal de disolución, o aparentan funcionar como una empresa de transporte pero en realidad se dedican a legalizar operaciones irregulares vendiendo los manifiestos de carga, para respaldar contratos que no son de la empresa.

La Supertransporte señaló que contra las decisiones adoptadas los representantes de las empresas afectadas pueden interponer los recursos de reposición y apelación correspondientes.

EL COLOMBIANO conoció algunos nombres de las empresas inhabilitadas: Nutritans, Transportes GMT, Abba Logistics, Compañía Logística del Norte, Servicio de Movilización de Carga, Transportes JFC, Trans Genucol, Asotrans NG, Transporte Ragri, Transportadora Samans de Colombia, Grupo Empresarial P&F, Empresa de Transporte Chiquinquirá, Global Carga e Inverglobal Team, entre otras.

Desde los empresarios
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) destacó las medidas y acciones emprendidas por la superintendencia, las cuales permiten generar un sector más competitivo a través de la formalización.

“Destacamos y apoyamos toda determinación que esté encaminada a fortalecer la legalidad porque esto también se refleja en su productividad y crecimiento”, expresó el presidente del gremio, Juan Miguel Durán Prieto.

También mencionó que Colfecar ha sido un abanderado de la legalidad empresarial y ha estado al frente de la cruzada para que se fortalezca la formalización del sector en beneficio de las empresas que cumplen con la normatividad vigente.

Añadió que el gremio ha solicitado en diferentes escenarios y oportunidades al Gobierno la aplicación de las normas establecidas para la prestación de este servicio.

Credito: https://www.elcolombiano.com/negocios/combate-a-transportadoras-ilegales-HK11937770

Para la Superintendencia de Transporte, el Tránsito de la capital de Bolívar tuvo un comportamiento “ineficiente” y “omisivo” al momento de tomar acción.

La Superintendencia de Transporte formuló este lunes pliego de cargos contra el Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena por presuntamente, no desplegar de manera eficiente sus instrumentos para disminuir y controlar la ilegalidad e informalidad en el transporte público de la ciudad.

“No se utilizaron eficientemente los recursos con los que cuenta este organismo para combatir la ilegalidad y la informalidad”, dice en sus apartes la resolución No. 10975 del 15 de octubre de 2019 de la Superindencia.

El ente del orden nacional también asegura en comunicado de prensa que al parecer, tampoco se realizaron operativos eficientes puesto que, no se inmovilizaron vehículos a los cuales se imponen comparendos por informalidad e ilegalidad, y no cuenta con programas de prevención contra las mismas.

Las actuación administrativa se inició con dos quejas presentadas por la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxi de Cartagena –ADPROTAC.

En su momento, la agremiación denunció al DATT por no disuadir ni sancionar la ejecución de servicios informales e ilegales de transporte público en Cartagena; por no ejecutar funciones de prevención e implementación de programas y procedimientos sancionatorios en casos de transporte legal e informal; y por no haber generado un estudio o estadística que demuestre el impacto de la ilegalidad en Cartagena, lo cual ha hecho que la ciudad no pueda ser tenida en cuenta en planes de choque nacionales.

Fuente: https://www.elheraldo.co/bolivar/cargos-de-supertransporte-al-datt-por-no-controlar-ilegalidad-en-el-transporte-de-cartagena

El llamado fue extendido a gobernadores, alcaldes de municipios, asambleas y concejos.

a Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Educación para que no abandone la iniciativa que se ha tenido sobre el recurso de alimentación y transporte escolar y se garantice esta gestión desde principios de 2020, desde que inicie el calendario académico.
A través de un comunicado, el procurador Fernando Carrillo extendió la solicitud a los gobernadores y alcaldes de municipios certificados para que contribuyan a adelantar las gestiones que sean necesarias para que se garantice la oportuna prestación de estos servicios que ofrece el gobierno.

De igual forma el representante del Ministerio Público solicitó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, actuar de la mano de las entidades territoriales para garantizar que este servicio se brinde sin interrupciones y sin retrasos.

En cuanto a los mandatarios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) los exhortó a que los recursos de la participación en educación sean destinados para el pago del transporte escolar, cuando las condiciones geográficas lo requieran.

Esto con el fin de que no disminuya la población escolar por falta de garantía para traslado hasta las instituciones.

La Procuraduría señaló que tras un trabajo de vigilancia al PAE, se pudo identificar que hay un riesgo de que la alimentación y transporte escolar no se está cumpliendo de manera oportuna en lo corrido de 2019 “debido al cambio en las administraciones territoriales, lo que, de llegar a ocurrir, afectaría a los niños, las niñas y los adolescentes, que dependen de este programa”.

Finalmente anunció que continúan con el seguimiento a la prestación del PAE, en el que ha requerido a 267 alcaldes para que actualicen el reporte de la ejecución de los recursos en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Todo esto con el fin de garantizar el acceso con permanencia de los estudiantes beneficiarios para que puedan acceder a su derecho a la educación.

Fuente:

https://www.rcnradio.com/colombia/procuraduria-pide-garantizar-alimentacion-y-transporte-escolar-en-2020