Reclaman ‘soluciones transitorias’ que permitan que esa empresa preste el servicio de transporte sin someterse a las normas que garantizan seguridad y sostenibilidad en el servicio.
Aunque prestan igual servicio, a Uber y los taxis los separan las condiciones exigidas para su operación.
En vez de cumplir la tardía decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para que cesara su competencia desleal contra las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en Colombia, la empresa Uber está desplegando un fuerte chantaje al Estado, buscando la reversión de un fallo de la instancia gubernativa apoyado en la tolerancia a su ilegalidad por parte de sus “socios” y usuarios. Aunque incluye acciones legales, y legítimas, como la demanda contra el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, la estrategia abunda en amenazas de dudosa legalidad, como la de apelar a las instancias de resolución de conflictos contempladas en el TLC con Estados Unidos, o en presiones inaceptables, como el progresivo y muy mediático apagado “unilateral” de la aplicación, con la que cumple sin cumplir la orden de la SIC.
A fin de garantizarse el incumplimiento de las normas que protegen a ciudadanos, ciudades y el ambiente (ver gráfico), la empresa de transporte ha apelado a falacias sobre su naturaleza legal, impacto social y beneficios públicos, que han contaminado las bulliciosas redes sociales y los argumentos de opinadores que desconocen al Estado de Derecho, así como los de algunos despistados promotores de la innovación tecnológica que exaltan la tecnología de esa empresa mientras ignoran ¿a propósito? pasos adelante similares, y hasta mayores, en empresas formales que están a la vanguardia en tecnología, seguridad y hasta en el uso de combustibles limpios.
La falacia más recurrida desde que se impuso pasando por encima de la ley, y no hubo autoridad que la contuviera, es la de que Uber es una plataforma tecnológica, no una empresa de transporte, porque su principal actividad es conectar a vehículos tripulados con usuarios que los requieren a través de una aplicación y gestionar el pago electrónico de sus servicios. En su función de poner vehículos tripulados a disposición de quienes los necesitan, Uber presta igual servicio que las empresas de taxis, entendiendo que muchas también prestan servicios por aplicación y cuentan con servicios de pago electrónico.
Al instalar su falacia en la opinión pública y hasta en las instituciones que ya deberían haberla regulado, esa empresa, y las que ofrecen servicios semejantes, han logrado que el Estado eluda la regulación o las decisiones que las someterían a cumplir la amplia legislación que regula el servicio de transporte público individual de pasajeros y las empresas que lo prestan, con el propósito de ofrecer seguridad y respaldo a pasajeros y ciudadanos; garantizar a los conductores la seguridad social a que tienen derecho y que le exigirían al Estado si no la tuvieran; y ajustarse a las normas urbanas dirigidas a garantizar fluidez en la movilidad y merma en la emisión de agentes contaminantes.
En su chantaje, Uber muestra enorme desprecio por un Estado que se ha mostrado débil para exigirle cumplir con sus obligaciones de prestador de un servicio público con valor tecnológico agregado, operación que exige una legislación acorde con sus características especiales; actuación coordinada -y no contradictoria- de los ministerios de Transporte y TIC, y fortaleza del aparato judicial para velar por el cumplimiento de las leyes. Aunque es la medida menos deseable, el Estado apeló a la opción de bloqueo por orden de una instancia judicial como instrumento de control a una actividad ilegal, riesgosa, estorbosa en el espacio público y altamente contaminante.
La actividad de Uber ha encontrado defensores entre usuarios del servicio de taxis descontentos con los abusos y falta de control a empresas y conductores, situación especialmente delicada en Bogotá, donde algunos empresarios de taxis actúan como poderosos sindicatos ilegales, y Barranquilla, ciudad que ni siquiera ha logrado instalar taxímetros en los vehículos. En urbes con apropiados servicios de taxis, las plataformas ilegales crecen en no pocos casos impulsadas por el esnobismo de los pasajeros que aceptan riesgos y costos a cambio de apariencia.
En las circunstancias presentes, algunos defensores de la falacia de Uber, como el representante Mauricio Toro, del partido Verde, reclaman “soluciones transitorias” que permitan que esa empresa preste el servicio de transporte sin someterse a las normas que garantizan seguridad y sostenibilidad en el servicio, posición que le daría patente de corso a esa compañía y prolongaría las inaceptables largas que las instituciones se han dado para resolver una actividad ilegal, que no por ser popular, deja de serlo.
El transporte no regulado es uno de los temas que se ha tomado la agenda del Ministerio de Transporte y las autoridades de movilidad. El debate subió cuando la cartera ministerial expidió la circular que endureció las sanciones para los que presten el servicio irregular de transporte público.
