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EPS deben garantizar el traslado y alojamiento de pacientes a los centros de atención: Corte

En una nueva sentencia, la Corte reiteró los tres requisitos de la accesibilidad en salud

Mediante la sentencia T-259 de 2019, la Corte Constitucional aseguró que es deber de las EPS suministrar y asumir los costos de transporte y alojamiento de los pacientes que necesiten traslado entre municipios. Esta orden está condicionada a que se cumplan tres requisitos jurisprudenciales.

Estos requisitos son: que el servicio médico sea autorizado por una EPS; que los afiliados no cuenten con la capacidad económica para efectuar el traslado entre municipios y que la prestación de servicio de salud se encuentre en un lugar diferente del que fue asignado a los pacientes.

La decisión se tomó por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, la cual estudió dos expedientes acumulados en los que las accionantes reciben los tratamientos médicos en municipios diferentes a los de su residencia.

En el primer caso analizado por la Corte, una mujer diagnosticada con esquizofrenia paranoide debía desplazarse desde Tumaco (Nariño) hasta Pasto, para asistir a las citas de control en el Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Hermanas Hospitalarias.

En el segundo, la demandante debía desplazarse desde Buenaventura (Valle), hasta Cali, para recibir el tratamiento en la IPS Multimédicas. Según su historia clínica, ella se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar una trombosis venosa profunda, padece asma y tiene un edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica.

Las dos accionantes solicitaron la protección del derecho fundamental a la salud y, en consecuencia, que “se ordene cubrir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación para cada una de ellas y un acompañante”.

La Corte Constitucional, al examinar las pruebas, estableció que las demandantes se encuentran en condición de vulnerabilidad debido a que están afiliadas al SISBEN, con puntajes de 21,88% y 33,84%, respectivamente. Su sustento mensual depende, en el primer caso de la venta de fruta y se encuentra a cargo de su hijo, quien tiene 14 años.

En el segundo caso, la demandante reside en el sector rural, trabaja como ama de casa, está a cargo de una menor también de 14 años de edad y carece de recursos económicos propios.

El principio básico para tomar esta decisión fue la ponderación de la accesibilidad, definido en la Ley 1751 de 2015, conocida como la Estatutaria de Salud. Allí se establece que ” el derecho fundamental a la salud se rige por el principio de accesibilidad, el cual implica garantizar a las accionantes el acceso físico a los centros de salud cuando las EPS autorizan la prestación del servicio médico en un municipio diferente al de su residencia”

La Sala de Revisión señaló que la Resolución 5857 de 2018, artículo 121, cuando se requiera “el transporte en un medio diferente a la ambulancia (este) podrá (…) ser autorizado por la EPS cuando se requiera acceder a una atención en salud que tenga lugar en un municipio distinto a la residencia del paciente” (Resalta la Sala). En los dos casos sujetos a revisión, las accionantes tienen que desplazarse desde su lugar de residencia a un municipio diferente, debido a que las EPS a las que se encuentra afiliadas autorizaron los servicios en IPSs ubicadas fuera del municipio en el que viven.

Por consiguiente, en aplicación de esta norma, las EPS COMFAMILIAR SA y ASMET SALUD tienen obligación de cubrir los gastos que implica dicho desplazamiento.

Igualmente, la Corte encontró que se cumplen los requisitos establecidos jurisprudencialmente para acceder al servicio de transporte debido a que:

(i) El servicio médico fue autorizado directamente por las EPS a las cuales se encuentran afiliadas las demandantes, remitiéndolas a un prestador de un municipio distinto al de su residencia.

(ii) Ni las accionantes ni su familia cercana cuentan con la capacidad económica para asumir los costos, las dos están afiliadas al SISBEN y, según esta Corporación respecto a esta población “hay presunción de incapacidad económica (…) teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población” y, adicionalmente, son madres cabeza de familia a cargo de sus hijos, quienes son menores de edad.

(iii) De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la salud de las demandantes, debido a que las dos se encuentran bajo supervisión médica por sus patologías y, puntualmente en el caso de la señora Luz Dary Zamora Sinisterra, se encuentra en exámenes de diagnóstico.

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Médicos del HUC piden ayuda con el transporte para seguir sus labores

“Necesitamos que nos colaboren con el transporte de los trabajadores, ya que la mayoría de ellos viven en barrios lejanos al hospital, otros en pueblos cercanos, y no hay transporte público”, es lo primero que dice el doctor Fernando de la Vega, infectólogo del Hospital Universitario del Caribe, quien asegura que todo el personal médico está dispuesto a cumplir con los horarios de sus turnos, pero sin tener medio de transporte para llegar se les hace imposible.

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Vehículos de carga de alimentos y servicios de salud no pagarán peajes

Esto funcionará durante los 19 días que dura la cuarentena.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, señaló que se ha llegado a un acuerdo con Invías y concesionarios para que los vehículos de carga de alimentos, víveres y de servicios de salud sean eximidos del pago en los peajes.

Esto funcionará durante los 19 días que dura la cuarentena (desde el 25 de marzo hasta las cero horas del 13 de abril).

“Estos también son nuestros otros héroes, son las personas que van a transportar, no solo a los que realizan las actividades de salud y demás actividades para contener la pandemia, sino también son los que van a transportar la carga que nos permite garantizar el abastecimiento, y es la razón fundamental por la que se eximen de pago de peajes durante esos 19 días”, señaló la ministra.

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Chantajes y falacias de Uber

Reclaman ‘soluciones transitorias’ que permitan que esa empresa preste el servicio de transporte sin someterse a las normas que garantizan seguridad y sostenibilidad en el servicio.

Aunque prestan igual servicio, a Uber y los taxis los separan las condiciones exigidas para su operación.

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En vez de cumplir la tardía decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para que cesara su competencia desleal contra las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en Colombia, la empresa Uber está desplegando un fuerte chantaje al Estado, buscando la reversión de un fallo de la instancia gubernativa apoyado en la tolerancia a su ilegalidad por parte de sus “socios” y usuarios. Aunque incluye acciones legales, y legítimas, como la demanda contra el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, la estrategia abunda en amenazas de dudosa legalidad, como la de apelar a las instancias de resolución de conflictos contempladas en el TLC con Estados Unidos, o en presiones inaceptables, como el progresivo y muy mediático apagado “unilateral” de la aplicación, con la que cumple sin cumplir la orden de la SIC.

A fin de garantizarse el incumplimiento de las normas que protegen a ciudadanos, ciudades y el ambiente (ver gráfico), la empresa de transporte ha apelado a falacias sobre su naturaleza legal, impacto social y beneficios públicos, que han contaminado las bulliciosas redes sociales y los argumentos de opinadores que desconocen al Estado de Derecho, así como los de algunos despistados promotores de la innovación tecnológica que exaltan la tecnología de esa empresa mientras ignoran ¿a propósito? pasos adelante similares, y hasta mayores, en empresas formales que están a la vanguardia en tecnología, seguridad y hasta en el uso de combustibles limpios.

La falacia más recurrida desde que se impuso pasando por encima de la ley, y no hubo autoridad que la contuviera, es la de que Uber es una plataforma tecnológica, no una empresa de transporte, porque su principal actividad es conectar a vehículos tripulados con usuarios que los requieren a través de una aplicación y gestionar el pago electrónico de sus servicios. En su función de poner vehículos tripulados a disposición de quienes los necesitan, Uber presta igual servicio que las empresas de taxis, entendiendo que muchas también prestan servicios por aplicación y cuentan con servicios de pago electrónico.

Al instalar su falacia en la opinión pública y hasta en las instituciones que ya deberían haberla regulado, esa empresa, y las que ofrecen servicios semejantes, han logrado que el Estado eluda la regulación o las decisiones que las someterían a cumplir la amplia legislación que regula el servicio de transporte público individual de pasajeros y las empresas que lo prestan, con el propósito de ofrecer seguridad y respaldo a pasajeros y ciudadanos; garantizar a los conductores la seguridad social a que tienen derecho y que le exigirían al Estado si no la tuvieran; y ajustarse a las normas urbanas dirigidas a garantizar fluidez en la movilidad y merma en la emisión de agentes contaminantes.

En su chantaje, Uber muestra enorme desprecio por un Estado que se ha mostrado débil para exigirle cumplir con sus obligaciones de prestador de un servicio público con valor tecnológico agregado, operación que exige una legislación acorde con sus características especiales; actuación coordinada -y no contradictoria- de los ministerios de Transporte y TIC, y fortaleza del aparato judicial para velar por el cumplimiento de las leyes. Aunque es la medida menos deseable, el Estado apeló a la opción de bloqueo por orden de una instancia judicial como instrumento de control a una actividad ilegal, riesgosa, estorbosa en el espacio público y altamente contaminante.

La actividad de Uber ha encontrado defensores entre usuarios del servicio de taxis descontentos con los abusos y falta de control a empresas y conductores, situación especialmente delicada en Bogotá, donde algunos empresarios de taxis actúan como poderosos sindicatos ilegales, y Barranquilla, ciudad que ni siquiera ha logrado instalar taxímetros en los vehículos. En urbes con apropiados servicios de taxis, las plataformas ilegales crecen en no pocos casos impulsadas por el esnobismo de los pasajeros que aceptan riesgos y costos a cambio de apariencia.

En las circunstancias presentes, algunos defensores de la falacia de Uber, como el representante Mauricio Toro, del partido Verde, reclaman “soluciones transitorias” que permitan que esa empresa preste el servicio de transporte sin someterse a las normas que garantizan seguridad y sostenibilidad en el servicio, posición que le daría patente de corso a esa compañía y prolongaría las inaceptables largas que las instituciones se han dado para resolver una actividad ilegal, que no por ser popular, deja de serlo.

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Vuelve a circular el tren de carga

El sueño de volver a ver rodar nuevamente el tren en el Valle del Cauca se hará realidad este año con el inicio de operaciones del tren de carga entre Yumbo y Buenaventura.
Por ese corredor se aspira a movilizar a partir del mes de febrero 7.500 toneladas de carga.
El reto será unir Buenaventura con La Tebaida, en el eje cafetero.
Se espera que para febrero de 2020 esté listo el tramo Yumbo – Buenaventu-ra, y de inmediato comience a operar el tren, cuya reactivación permite la reducción de costos en el transporte de carga y la consolidación de las operaciones.
A finales del año pasado, Ferrocarriles del Pacifico llegó al municipio de La Cumbre, uno de los paso hacia Buenaventura, con el tren de carga, lo cual fue en total alegría por parte de los habitantes de este municipio, que ven en el tren un eje de desarrollo para su territorio y también parte de su historia.
Directivos de la entidad explicaron que el Ferrocarril del Pacífico continuará prestando sus servicios de transporte ferroviario de carga para beneficio del país, las regiones del Valle del Cauca y Quindío, sus empleados y comunidades por donde pasará, desde Buenaventura hasta La Tebaida.
Igualmente la reactivación del tren de carga, genera impacto positivo inmediato y directo en las condiciones de vida de las personas que habitan las zonas de influencia por donde pasa el Ferrocarril del Pacífico.
La carga
El objetivo es transportar cemento, azúcar y contenedores durante el primer año de operaciones mediante la reactivación de un medio de transporte de carga adicional a los existentes que mejorará la competitividad de las empresas y el cumplimiento de los objetivos de Colombia en el marco de la inserción del país a los compromisos de la OECD.
Voceros de FDP indicaron que esperan que a diciembre de 2020 se haya logrado la movilización de 240 mil toneladas, lo que refleja que para el año 2021 estaríamos movilizando mensualmente 110 mil toneladas para un estimado anual de 1’300,000 toneladas por este corredor estratégico.

Mejoramiento de corredor férreo
Desde el pasado mes de agosto de 2019, y en cumplimiento con los planes de mejoramiento trazados por Ferrocarriles del Pacífico FDP, se ha estado realizando actividades de mantenimiento tanto de la vía férrea, como del equipo ferroviario, para la prestación del servicio de transporte de carga desde y hacia el Puerto de Buenaventura.
De esta manera FDP apoya los planes orientados al cumplimiento de la meta plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, en línea con las propuestas del Plan Maestro de Transporte Intermodal PMTI del Gobierno Nacional, de tal manera que en el corto plazo la vía férrea del Pacífico está en óptimas condiciones y se permita la movilización de veinte mil toneladas de carga mensuales en el sentido Buenaventura – Yumbo – Palmira – Buenaventura.
Actualmente se encuentra en curso el plan de mantenimiento y habilitación de la vía férrea en dos tramos, el primero de ellos desde Buenaventura hasta Palmira que se tendrá habilitado los primeros días del mes de febrero, para lo cual ya se realizó el mantenimiento de las estaciones de Buenaventura, Yumbo, Taller Ferroviario en Palmira, Antiguas Bodegas del Ferrocarril así como la completa habilitación del subtramo Yumbo – La Cumbre con la ejecución de todas las obras de infraestructura realizadas que ya permitieron la llegada del Tren a la estación de La Cumbre.
También se desarrollan actividades de mantenimiento y obras de infraestructura en el subtramo La Cumbre – Buenaventura y Palmira – Yumbo, para luego continuar en un plazo de 60 días las actividades y obras del Tramo La Tebaida – Palmira y de esta manera tener completamente habilitado el corredor ferroviario desde Buenaventura hasta La Tebaida.
Estas actividades de mantenimiento y habilitación de la vía férrea fueron tasadas por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Interventoría del Contrato de Concesión en una cifra cercana a los $92.182.358.700 , los cuales se espera poder realizar a un costo menor.
Igualmente, Ferrocarril del Pacífico viene realizando el mantenimiento al equipo férreo concesionado necesario para continuar la prestación del servicio público de transporte férreo de carga que se prestará de manera gradual de Yumbo a Buenaventura.

 

Fuente: https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/vuelve-a-circular-el-tren-de-carga/

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