Durante el primer semestre de 2022, los accidentes de rutas escolares dejaron 70 menores heridos y 10 muertos, según la Defensoría del Pueblo. La situación generó que la organización gubernamental solicitara controles más rigurosos a las empresas que ofrecen el servicio de transporte escolar.

En su queja, la Defensoría recordó que, según Medicina Legal, a julio de 2022 se registraron 1.228 lesiones no fatales por eventos de tránsito que involucraron a menores de edad, lo que implica un aumento del 84 % en las cifras reportadas para el mismo periodo de 2021, cuando el registro de lesiones fue de 655.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad implementó estrategias de control, pedagogía e infraestructura en el marco de los compromisos establecidos con el sector educativo y las familias de los estudiantes. Entre las iniciativas está la creación de un carril exclusivo para las rutas escolares, el que no se ha respetado del todo por la situación de movilidad que afronta la ciudad.

Otras de las acciones que se desarrollan desde la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor son los controles preventivos y correctivos a las rutas escolares, la revisión del estado técnico-mecánico de los vehículos, la revisión de documentación, las pruebas de embriaguez, la implementación de dispositivos de radares de velocidad y las visitas administrativas para sensibilizar y socializar a los actores que participan en actividades de transporte escolar, minimizando los riesgos y la accidentalidad vial.

En este sentido, EL NUEVO SIGLO habló con Diego Silva Ardila, profesor del programa de gestión y desarrollo urbanos de la Universidad del Rosario, sobre el panorama actual del transporte escolar en Bogotá y las problemáticas en torno a la regulación.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el panorama actual del transporte escolar en Bogotá?

Diego Silva: El transporte escolar en Bogotá, a diferencia de otras ciudades de América Latina, tiene unos niveles de regularización, no se encuentran altos grados de ausencia de normas, por lo cual los transportes escolares deben cumplir con cierto reglamento y ciertos estándares de señalización y comportamiento.

Muchas empresas los cumplen, muchos colegios en sus protocolos los cumplen, pero no se puede afirmar que sea transversal a toda la dinámica de desplazamiento cotidiano de los niños de los colegios y ahí es donde precisamente aparece la prestación de servicios informales, empresas que no cumplen plenamente con los requisitos, que posiblemente recurren al soborno en escenarios en los que son identificados e incluso aparecen otros tipos de transporte, como bicicleta, moto, bicitaxi, que prestan servicios de ese estilo en distintas áreas de la ciudad, lo cual hace que se dificulte el proceso de regularización y por ende el panorama.

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ENS: ¿Qué estrategias se deberían implementar para disminuir los índices de accidentalidad de estos vehículos?

DS: Tendemos a pensar en estrategias de “enforcement”, es decir, de seguimiento y control o uso de la fuerza para hacer control, que es importante. Es lo que Antanas Mockus explicaba en sus teorías de cultura ciudadana enfatizada como el martillo y el garrote, pero es muy difícil. Entonces sí debe haber un fortalecimiento del control, unos ejercicios para incrementar la aleatoriedad de los puntos de control en distintos lugares de la ciudad de manera que eso amplíe la cobertura.

Las estrategias más inteligentes son desplegar concientización, amplia y comunitaria, de manera que sean muchos ojos los que supervisan una buena prestación.

Entonces los colegios no deberían permitir que sus estudiantes llegaran en transporte. ¿Cómo? Poniendo equipos, maestros y administrativos en la periferia del colegio a la hora de llegada y salida, para identificar qué está pasando en su colegio, preguntarles a los niños y preguntarles a los padres de familia. Es importantísimo que los padres de familia tomen consciencia en torno a que no deberían dejar que sus hijos vayan ahí, entendiendo el riesgo que se corre en escenarios peligrosos.

En el proceso de concientización es importante desplegar campañas de ese estilo, de manera que tanto colegios públicos como privados puedan garantizar que la gran mayoría de personas entienden la importancia de la seguridad y la prestación del servicio. Es un “enforcement” cívico, es decir, los ciudadanos, son los que vigilan.

ENS: – ¿Qué garantías deberían ofrecer las instituciones en materia de seguridad para los estudiantes?

DS: Para las instituciones es muy difícil, yo creería que la gran mayoría de entidades educativas han delegado esa responsabilidad a terceros, entonces contratan empresas transportadoras especializadas. Considero que hoy en día son pocos los colegios que tienen flotas propias de autobuses, entonces las instituciones deben garantizar primero condiciones de llegada adecuadas para que se supiera cuáles son las calles en las cuales va a haber congestión.

Deben garantizar muy buena señalización, asegurarse de que los pasos cebras estén, estacionamiento y apoyo de las autoridades distritales para que realicen acompañamiento. Hay tantas, pero yo diría que las garantías principales deben ser de llegada y salida, eso creería que es bastante importante porque aportaría positivamente en materia de seguridad

ENS: ¿Considera que hace falta mayor reglamentación para el tránsito de rutas escolares en la ciudad?

La reglamentación debe ser liviana, más que realmente extensa, pero que garantice que se cumple lo que se está buscando. Evidentemente no es el comportamiento en Colombia, un país que no prefiere mucho la levedad de su cuerpo normativo y prefiere más bien crear cuerpos densos complejos de entender y difícil de darles cumplimiento.

La Guía para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial Escolar, de la Superintendencia de Transporte, es un documento público que contiene toda la información que deben saber los prestadores de servicios, los centros educativos y los padres de familia, en cuanto al marco normativo vigente que debe cumplirse a la hora de transportar estudiantes en nuestro país.

El documento, publicado en la página web www.supertransporte.gov.co, cuenta con el apoyo del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte (Ditra) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La guía tiene el propósito de dar a conocer las obligaciones que deben cumplir las empresas prestadoras del servicio y las condiciones de su operación.