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Se llevaría a cabo de acuerdo con las características y necesidades propias de cada municipio

Un proyecto de ley que será debatido esta semana en la plenaria del Senado busca reglamentar el servicio escolar en zonas rurales, para generar excepciones a las normas vigentes con el propósito de que niños, niñas y adolescentes que viven lejos de sus colegios puedan llegar a las instituciones educativas sin tener que caminar por horas y sin exponer sus vidas.

En la iniciativa se contempla que los municipios, de oficio o por solicitud de los ciudadanos o de la comunidad educativa, podrán solicitar la aplicación de reglas especiales de transporte escolar ante el Ministerio de Transporte.

En el caso de los municipios no certificados en educación, la solicitud de reconocimiento de la excepción para la prestación del servicio de transporte escolar deberá ser gestionada por el Departamento. El Ministerio de Transporte contará con dos meses, contados a partir de la recepción la solicitud motivada del municipio o departamento, para certificar el reconocimiento de la excepción y expedir un reglamento de carácter especial,

Los municipios focalizados son aquellos que se encuentren en cualquiera de las siguientes tres situaciones: Municipios en los que no se cuente con empresas de servicio público de transporte especial legalmente constituidas y habilitadas, municipios en los que las condiciones geográficas, económicas o sociales no permitan el uso de medios de transporte automotor, y municipios declarados como zonas de difícil acceso de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación.

En el texto se señala que se podrá hacer uso de medios de transporte motorizados y no motorizados, de acuerdo con las características y necesidades propias de cada municipio.

En el proyecto se establece que el Ministerio de Transporte, en coordinación con cada uno de los municipios, expedirá la reglamentación de carácter especial y transitorio para la prestación del servicio de transporte público escolar. “Esta reglamentación deberá garantizar condiciones de acceso, calidad y seguridad del transporte, así como los criterios de aseguramiento para la prestación del servicio. En todo caso la reglamentación deberá atender a un enfoque territorial que entienda las particularidades de cada municipio y que priorice el acceso de menores al sistema educativo”.

Así mismo, el Ministerio en el marco de sus funciones, llevará a cabo una valoración periódica de las condiciones de los municipios donde se reconoce la excepción con el fin de prestar asistencia técnica de ser requerida, hacer control y vigilancia sobre la prestación del servicio, y determinar si el municipio aún requiere el reconocimiento de la excepción.

En relación con la contratación, la iniciativa señala que los municipios donde el Ministerio reconoce la excepción para la prestación del servicio de transporte escolar, se permitirá contratar el servicio con personas naturales.

En la exposición de motivos se señala que brindar el servicio de transporte escolar es un instrumento “esencial para la prestación del de educación y para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes en las zonas rurales. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional ha declarado que la reglamentación para el transporte escolar es rígida y no se adecúa a las necesidades específicas de la ruralidad y la ruralidad dispersa. Por lo tanto, demandan la necesidad de la creación de una normativa de contratación y prestación del servicio de transporte escolar , acorde con las condiciones geográficas y de disponibilidad del territorio rural, en la cual se equilibre las condiciones para la prestación del servicio exigidas por el Ministerio de Transporte como ente rector, con las condiciones propias de los territorios”.

La ausencia de garantías de seguridad jurídica básicas ha generado inestabilidad en el marco regulatorio, haciendo rígida la prestación del servicio, y en muchos casos desconociendo el enfoque territorial. De ahí la importancia de una Ley que regule la materia, permita la generación de excepciones que respondan a las características de la ruralidad, y mantenga la facultad del Ministerio de Transporte de expedir los lineamientos necesarios para asegurar condiciones de seguridad.