Por: Juan Miguel Durán Prieto*

En Colombia, según los reportes del Ministerio de Transporte, se han habilitado para prestar el servicio público de transporte terrestre por carretera a nivel nacional 3.389 empresas.

De esta cifra, el 57 % de empresas legalmente habilitadas para prestar este servicio están ubicadas en cuatro regiones: Bogotá (28 %), Antioquia (13 %), Valle (8 %) y Atlántico (7 %).

Cabe precisar que la condición de habilitación no solamente representa la autorización y el derecho para la prestación de este servicio público, que en Colombia está catalogado como esencial; también enmarca la obligación de acatar las responsabilidades igualmente derivadas de tal condición.

Sin embargo, según los datos publicados por el Gobierno, a través del Ministerio Transporte, en lo corrido del presente año sólo 1.722 empresas, en promedio mensual, es decir (51 %), han reportado los documentos de transporte expedidos (manifiestos de carga) al Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC.

Dichos registros se deben hacer en línea a través de la plataforma dispuesta para tal fin y en todo caso, previamente al inicio de la prestación del servicio.

El balance del reporte de empresas ante el RNDC podría tener dos lecturas: una, que este es el número de empresas que, de forma variable, cumplen con una de las obligaciones fundamentales y legales, como es la de expedir el manifiesto de carga; y la otra, es que el mercado del transporte público de carga por carretera presenta una sobre oferta.

Sea cual fuere la explicación, resulta evidente la constante en el número de empresas promedio mensual reportando, siendo 2019 el año de mayor promedio mensual de compañías que han cumplido con esta obligación, lo que indicaría que al parecer sí existe una sobre oferta de servicio, lo cual tiene un efecto directo sobre el mercado llevando a que existan oferentes dispuestos a bajar sus precios al punto de poner en riesgo económico a todos los demás.

Frente a lo anterior, resulta imperativo que se adelanten acciones por parte de las autoridades correspondientes, con el fin de fortalecer al sector formal y a su vez garantizar la calidad en la prestación del servicio público de transporte de carga, generando una sana competencia entre las empresas del sector.

*Presidente ejecutivo de Colfecar