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La aplicación Uber pierde una nueva batalla legal en Colombia

Corte niega tutelas de dos conductores y acoge concepto sobre ilegalidad del servicio en el país.
ogotá es una de las ciudades en la que los taxistas más han protestado por la operación de Uber.
Foto: Mauricio León / EL TIEMPO
Aunque no resuelve de fondo el limbo en el que permanece la aplicación de Uber, un nuevo fallo de la Corte Constitucional complica aún más la situación de esta plataforma que funciona en el país desde el 2014 y en la que actualmente están inscritos 83.000 conductores.
El alto tribunal estudió dos tutelas de dos conductores de este servicio de transporte que afirman que la falta de regulación por parte del Gobierno está vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, la vida en condiciones dignas y al mínimo vital.
Para los conductores, es claro que su oficio está en riesgo por la falta de reglamento al transporte que se desarrolla con vehículos particulares, los ataques de taxistas y las inmovilizaciones que hace la Policía.
Según conoció EL TIEMPO, el año pasado la Policía de Tránsito sancionó a 16.709 conductores de vehículos privados por usar plataformas prohibidas, y en los 11 días que lleva este año ya van 216 vehículos inmovilizados.
Pero la Corte desestimó las pretensiones de los conductores considerando que, aunque en sus tutelas sostienen que Uber no tiene reglas claras en Colombia, lo cierto es que “no desarrollan o exponen los argumentos por los cuales arriban a tal conclusión o las razones por las cuales consideran que las normas existentes sobre la materia no les son aplicables”.
El efecto de esta decisión es que los promotores de Uber pierden una apuesta clave que apuntaba a que, vía tutela, la Corte Constitucional les reconociera algún tipo de derecho al trabajo, como ha sucedido, por ejemplo, con los vendedores ambulantes.
La Corte dio validez a los argumentos del Ministerio de Transporte, que dijo en el proceso que en el país ya hay una reglamentación para el transporte especial o de lujo, y “expone las razones por las cuales el servicio que prestan los demandantes no cumple con los requisitos para ser autorizado por la mencionada autoridad”.

El alto tribunal también asegura que aunque llegara a aceptar que Uber no está regulado, no encuentra cómo esa omisión vulnera sus derechos fundamentales. “El hecho de que un oficio no se encuentre regulado no puede significar de manera autónoma que existe una afectación de dichas garantías”, asegura la Corte.
En el trámite de las tutelas, el Ministerio de Transporte explicó que el Gobierno ya ha emitido varias reglamentaciones, como la Ley 1753 del 2015 que crea el transporte de lujo individual. Para implementar esa norma se dictaron el decreto 2297 del 2015 y la resolución 2163 del 2016. Esta cartera también explicó que presentó un proyecto de ley para sancionar a los servicios de transporte no autorizado (ver nota anexa).
La reglamentación que creó el Gobierno, según el Ministerio, ya dejó claro que en el país están permitidos los taxis de lujo –que deben ser carros blancos de servicio público– y no vehículos particulares. Esa reglamentación exige condiciones específicas, como que el conductor tenga licencia para prestar ese servicio y que las empresas prestadoras cuenten con pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual para garantizar la seguridad de los conductores y los usuarios.
En el proceso, el Ministerio afirmó que a pesar de que rechaza los actos violentos que han sufrido los conductores de Uber y sus usuarios, esto “no es motivo para que se modifique la modalidad de servicio”: “El hecho de exigirle al actor que cumpla con las reglas establecidas para la prestación del servicio público de transporte en manera alguna puede devenir en la vulneración de sus derechos fundamentales”.
Mientras tanto, los conductores y usuarios de aplicaciones como Uber o Cabify –que llegó al país en enero del año pasado, también para ofrecer un servicio de transporte a través de vehículos particulares– siguen en un limbo.
Aunque el Ministerio de Transporte sostiene que esas plataformas son ilegales, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha dado argumentos en el sentido contrario. El Ministro de las TIC, David Luna, ha dicho que en el país “cualquier plataforma puede rodar por la red salvo las que están prohibidas por el Congreso”. “Salvo las de pornografía infantil y las de juegos de azar, todo lo demás es legal”, dijo el MinTic.

Se complicó el trámite de licencias de conducción

Centros de Enseñanza Automóvilística en el país estrenan un sistema que controla su operación. El objetivo de la Superintendencia de Puertos y Transporte es reducir la corrupción y aumentar la seguridad. La implementación ha resultado compleja. FOTO MARIO VALENCIA
La puesta en marcha del sistema de vigilancia y control para las escuelas de conducción en el país, con el fin de evitar fraudes en la expedición de las licencias, ha generado polémica entre algunos de estos centros y las autoridades nacionales.
El mecanismo electrónico, creado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, entró en vigencia el 18 de diciembre de 2017 y busca garantizar que los aspirantes a manejar un automotor y los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) cumplan realmente con los requisitos exigidos por la ley para obtener una licencia y evitar prácticas de corrupción.
Entre las malas prácticas identificadas por la Superintendencia se destacan la compra de respuestas del examen teórico, enviar un reemplazo a hacer la evaluación práctica o, incluso, a los exámenes médicos, no cumplir con el número de horas exigidas para el curso de conducción o recibir el certificado solo con decir que ya sabe manejar.
En Colombia, según la Superintendencia de Transporte, existen 742 Centros de Enseñanza Automovilística certificados, de los cuales 78 están en Antioquia y 45 en Medellín.
La entidad informó que Antioquia es el segundo departamento del país donde más se expiden certificados de cursos de conducción, que representa el 16 % de la participación a nivel nacional.
Y Medellín, es la segunda ciudad del país donde más se expiden certificados de cursos de conducción: 10 % de la participación a nivel nacional.
Cambio en el sistema
“Nos vimos obligados a implementar este sistema, porque en las visitas de inspección encontramos que algunas escuelas y estudiantes se confabulaban para no cumplir con las horas de clase exigidas”, denunció el superintendente Javier Jaramillo.
El nuevo sistema consta de tecnología automatizada y biométrica para inscribir las huellas dactilares y las cédulas de ciudadanía, además incluye dispositivos ubicados en las aulas de clase y microchips en los vehículos, para que todo el proceso esté controlado rigurosamente.

¿Está funcionando?
“El sistema que montaron es muy bueno en la teoría, pero está siendo totalmente inoperante en la práctica”, así lo dijo Andrés Felipe Agudelo Ospina, abogado y presidente de la Asociación de Centros de enseñanza Automovilística de Antioquia (Aceant).

El dirigente explicó que todos los centros formales del país debían estar funcionando, desde el 18 de diciembre, con uno de los dos operadores que la Superintendencia dispuso para la implementación del sistema: Ci2 y Olimpia (empresas colombianas que brinda soluciones tecnológicas).
Sin embargo, en la realidad, no todas cuentan con la tecnología y las que ya lo tienen no están funcionando correctamente, dijo Agudelo, quien agregó que esto se hizo sin la suficiente capacitación.
El dirigente señaló que el problema es a nivel nacional, porque más de 138 centros en el país “tienen pruebas” de que el sistema no está funcionando correctamente.
En contraposición, el superintendente afirmó que, en todo el país, el funcionamiento se cumple en un 70%.
Desde que se comenzó a implementar el nuevo control, más de 8.000 alumnos están en el proceso de trámite de la licencia en el país, 1.177 de ellos en Antioquia, según la Superintendencia. La entidad agregó que, hasta la fecha, 3 alumnos en el departamento han recibido su certificación.
En una escuela de conducción del sur del Valle de Aburrá reportaron que la idea del nuevo sistema es positiva para los centros formales, porque limita a los ilegales. Sin embargo, dijeron que “aunque ya todo está implementado y adaptado, la plataforma no da soporte, la página está caída y nos demoramos hasta cuatro horas en el registro de un cliente”.

Vehículos nuevos sin normas de seguridad no van más

Desde el primero de enero de 2018 entra en vigencia la medida.
A partir del primero de enero, alcaldes municipales, organismos y autoridades de tránsito, importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadoras deberán acatar la resolución 3752 que traza medidas en materia de seguridad activa y pasiva para el uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques.

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Uber es una empresa de transporte y se le puede exigir licencia: justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, por lo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi.
“El Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información’, sino a la de ‘servicio en el ámbito de los transportes’“, según indicó el TJUE en un comunicado de prensa.

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